DESASTRES
El desastre es una situación resultante en una sociedad o comunidad, después de que ha sido azotada por algún fenómeno natural, ya sea terremoto, inundación, huracán, vulcanismo, deslizamiento u otro, o por acciones erróneas del hombre, tales como incendios, explosiones etc. En ambos casos, el desastre se puede medir en términos de daños y pérdidas materiales, económicas o en lesiones y pérdidas de vidas humanas.
El incremento en la última década del número de desastres naturales y por ende, de sus fatales consecuencias, ha estimulado la reflexión colectiva en torno al tema y ha puesto de manifiesto la evidente relación que existe entre desarrollo y riesgo de desastres. Asimismo, se ha transitado de posiciones de manejo de emergencias o manejo de desastres, hacia una perspectiva más centrada en la gestión del riesgo y en la necesidad de una planificación prospectiva del desastre.
La región de América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables a sufrir desastres naturales con una tendencia al aumento. Según el Bureau for Crisis, Prevention and Recuperation (BCPR) del PNUD, “entre 1993 y 2002 casi 63.000 personas perdieron la vida (en la región) como consecuencia de este tipo de desastres (...). Entre 1963 y 1967 el número de desastres fue de 94, en cambio, durante el período de 1998 a 2002 este número ascendió a 340”. Por ello, cada vez son más las iniciativas destinadas a reducir los riesgos de desastres y a promover una gestión de los riesgos de carácter prospectivo, tanto en el nivel local y nacional, como a nivel regional (tal es el caso de CEPREDENAC, DIPECHO, ENSO, etc.).
Tal y como señala el Informe Mundial 2004 sobre la reducción de los riesgos de desastres, “los desastres naturales constituyen un serio obstáculo para el desarrollo humano y el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo del Milenio tan importantes como la reducción de la pobreza extrema a la mitad antes del año 2015”.
Cualquier actividad de desarrollo tiene el potencial de aumentar o disminuir los riesgos de desastres y las repercusiones de los mismos dependen en gran medida del tipo de políticas de desarrollo previamente adoptadas. La capacidad de una sociedad humana de enfrentarse a los desastres está determinada, principalmente, por las debilidades y fortalezas internas de una sociedad, esto es, de su nivel de vulnerabilidad social y económica, entre otras.
La desigualdad de género ha de considerarse como un importante factor de base que contribuye a incrementar la vulnerabilidad social: las relaciones de género pre-condicionan las habilidades sociales para anticiparse, prepararse, sobrevivir, resistir y recuperarse de un desastre. La equidad de género constituye, por tanto, una condición sine qua non para el logro de los objetivos de reducción de desastres.
Mujeres y hombres se ven afectados por los desastres de manera diferente y por ello, sus necesidades son también diferentes, como señalan numerosos estudios. Como apunta E.Enarson (2004), los desastres impactan en gran manera sobre el trabajo de las mujeres: “El trabajo doméstico aumenta enormemente cuando los sistemas de apoyo como los de cuidado infantil, las escuelas, las clínicas, el transporte público y las redes familiares quedan interrumpidas o destruidas. Las viviendas dañadas son espacios de trabajo dañados para las mujeres. Para quienes su ingreso se basa en el trabajo doméstico la pérdida de las casas significa también la pérdida del espacio de trabajo, el equipamiento, los materiales, etc”. Los periodos posdesastres se han identificado también como momentos críticos en términos de explotación y violencia contra las mujeres.
En el caso de las mujeres, su condición y posición en la sociedad hace que se incremente su vulnerabilidad ante los desastres, además de que tienen menos acceso y control de los recursos que son esenciales en la preparación, mitigación y rehabilitación. Por otro lado, las mujeres están sobrerepresentadas en el trabajo en el sector informal, que es uno de los sectores más afectados cuando se produce un desastre natural pero menos tenido en cuenta a la hora de valorar los daños por ejemplo en las evaluaciones de desastre.
Por otro lado, su rol de cuidadoras de la familia limita el que puedan emigrar para buscar trabajos después del desastre y los procesos de emergencia y reconstrucción suelen profundizar la división sexual del trabajo, asignándoles tareas tradicionales a hombres y mujeres, habitualmente remuneradas para los hombres y no remuneradas para las mujeres. Las mujeres, junto con niñas, niños, ancianas y ancianos, suelen ser mayoría en los albergues, lugares en los que suelen ser frecuentes las situaciones de violencia.
Asumiendo los lineamientos de la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y del Objetivo 3 de las Metas del Milenio, el Marco de Acción surgido de la Segunda Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres (WCDR, en sus siglas en inglés), celebrada en Kobe (Japón), del 18 al 22 de Febrero de 2005, enfatizó el hecho de que la perspectiva de género debe incorporarse “en todas las políticas, planes y procesos de decisión sobre la gestión de los riesgos de desastre, incluidos los relativos a la evaluación de los riesgos, la alerta temprana, la gestión de la información y la educación y la formación”.
La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (ISDR, por sus siglas en inglés) también se ha hecho eco de los lineamientos de Beijing en algunos de sus documentos estratégicos.
